En 2025, China afrontará una profunda reforma del impuesto sobre bienes inmuebles, lo que anunciará una nueva etapa para el sistema tributario inmobiliario nacional. Hasta el momento, este impuesto había sido objeto de proyectos piloto fundamentalmente en Shanghái y Chongqing. Con la ampliación de la reforma, más ciudades se sumarán a los programas piloto y el diseño normativo será más preciso y adaptado a las especificidades locales.
Los principales objetivos de la reforma son limitar la especulación inmobiliaria, impulsar el desarrollo saludable y estable del mercado de la vivienda, diversificar las fuentes de ingresos de las administraciones locales, avanzar hacia un sistema tributario justo y racional y garantizar una distribución equitativa de la riqueza social. Como herramienta reguladora clave del sector inmobiliario, un impuesto sobre bienes inmuebles bien diseñado y extendido contribuirá a normalizar las prácticas de mercado, impedir subidas bruscas de los precios de la vivienda y disminuir el riesgo de burbujas inmobiliarias.
En 2025, varias ciudades piloto revisarán los tipos del impuesto sobre bienes inmuebles, adoptando una estructura fiscal más detallada y progresiva. En Shanghái, por ejemplo, el tipo impositivo varía según el rango de precios del mercado de la vivienda:
Esta estructura progresiva se basa en el principio de “a mayor precio, mayor tipo”, imponiendo una carga impositiva más alta sobre los inmuebles de mayor valor, facilitando la regulación diferenciada y conteniendo la demanda especulativa en el segmento de lujo.
Algunas ciudades han elevado el umbral de exención fiscal para favorecer una mayor superficie considerada vivienda habitual. Por ejemplo, Chongqing ha ampliado el umbral de exención para viviendas privadas de 100 a 180 metros cuadrados, beneficiando a quienes adquieren su primera vivienda y a los que buscan ampliar su espacio. Además, la base imponible se ha ajustado: en lugar de calcularse sobre el precio total de la transacción, se toma el 70% de dicho precio, lo que reduce la presión fiscal y pone de manifiesto un enfoque regulador más flexible.
En 2025, el programa piloto del impuesto sobre bienes inmuebles se extenderá más allá de Shanghái y Chongqing e incluirá otras grandes ciudades como Hangzhou, Shenzhen y Guangzhou. El objetivo es aprovechar la experiencia de un abanico más amplio de ciudades. Así, se busca construir de manera gradual un sistema nacional de impuesto sobre bienes inmuebles que sea unificado, riguroso y equitativo.
Con la ampliación del ámbito de aplicación y el ajuste de los tipos del impuesto sobre bienes inmuebles, los contribuyentes verán aumentar significativamente los costes de tenencia. Los inversores con diversas propiedades de alto valor verán especialmente incrementada su carga tributaria.
Ante las nuevas normativas, los contribuyentes deberían revisar su patrimonio inmobiliario, optimizar sus carteras y gestionar de manera estratégica tanto el número como la superficie de los inmuebles para minimizar los impuestos adicionales por exceder los umbrales de exención.
Dado que la regulación específica puede diferir entre jurisdicciones, los contribuyentes deben seguir activamente los comunicados de sus autoridades fiscales locales para conocer las reglas más recientes sobre el impuesto sobre bienes inmuebles y sus procedimientos de aplicación. De este modo, evitarán posibles sanciones o perder oportunidades por desconocimiento.
Se recomienda recurrir a asesores fiscales especializados, dada la complejidad de la normativa sobre el impuesto sobre bienes inmuebles y la evolución del mercado, para planificar la estrategia tributaria de forma individualizada y minimizar la carga fiscal cumpliendo la regulación vigente.
A medida que la normativa sobre el impuesto sobre bienes inmuebles se perfecciona y extiende, se espera que el mercado inmobiliario avance hacia una mayor racionalidad, con una caída significativa de la actividad especulativa. El impuesto sobre bienes inmuebles se convertirá en una herramienta esencial para la regulación del mercado, promoviendo la transición de una expansión acelerada hacia un desarrollo sostenible y de calidad. Además, los ingresos derivados de este impuesto proporcionarán a las administraciones locales una fuente estable de financiación para servicios públicos e infraestructuras.